Un grupo de más de 85 especialistas en derecho constitucional y ambiental encendió una señal de alarma en el Congreso de la Nación. A través de una carta dirigida a diputadas, diputados, senadoras y senadores, advirtieron que el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional impulsa para su tratamiento en sesiones extraordinarias es inconstitucional, regresivo y pone en riesgo el sistema de protección del agua en la Argentina.
El documento, firmado por referentes de peso en el ámbito jurídico como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Leila Devia, Andrés Gil Domínguez, Florencia Saulino, Lilian del Castillo, Marcelo López Alfonsín, Marisa Herrera, Aldo Rodríguez Salas, Mariela Puga, Guillermo Scheibler, Fabiana Schafrik, Aníbal Falbo y Valeria Berros, entre otros, cuestiona con dureza el contenido de la iniciativa oficial y alerta sobre sus consecuencias institucionales, ambientales y sociales.
Según explicaron, la reforma vulnera de manera directa el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y establece que corresponde al Congreso dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En ese esquema, las provincias pueden complementar esas normas, pero nunca reducirlas. “La competencia provincial debe ser maximizadora, orientada a reforzar la tutela ambiental y no a debilitarla”, subrayaron los firmantes.
“Es necesario instalar el tema en la opinión pública. Esto trasciende cuestiones políticas partidarias. Sin los glaciares y las áreas periglaciales debidamente protegidas y preservadas, se comprometen las reservas de agua y sin agua no hay vida”.
Sin embargo, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo avanza en sentido contrario. De acuerdo al análisis de los especialistas, habilita a que cada provincia defina qué glaciares y ambientes periglaciales proteger y cuáles no, según criterios propios. Esa discrecionalidad, advierten, rompe con la lógica federal de protección ambiental y pone en riesgo tanto las fuentes de agua locales como las de las provincias ubicadas cuenca abajo.
“La reforma no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las leyes de presupuestos mínimos”, sostienen en la carta, al tiempo que remarcan que los glaciares y las cuencas hídricas no respetan fronteras administrativas y requieren una mirada integral, ecosistémica y de alcance nacional.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica de acceso público que identifica, registra y caracteriza los cuerpos de hielo del país. Subordinar ese conocimiento a decisiones políticas provinciales, indicaron, vacía de contenido el presupuesto mínimo de protección y deja la conservación del recurso estratégico supeditada a intereses circunstanciales.
“El cambio climático es una realidad tangible y llegó para quedarse. Los glaciares, ya en su mayoría, están en riesgo por esta razón”.
Además, el documento advierte sobre posibles conflictos interjurisdiccionales. “La eliminación de la protección de un glaciar en una provincia puede afectar directamente el acceso al agua y los derechos ambientales de otras”, señalaron, recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó en distintos fallos el carácter operativo y obligatorio de los presupuestos mínimos ambientales.
Los especialistas también alertaron que una eventual aprobación del proyecto sentaría un precedente peligroso para todo el entramado normativo ambiental. El temor es que se habiliten retrocesos similares en otras leyes clave, debilitando el marco de protección construido en las últimas décadas y generando impactos directos sobre la ciudadanía y sobre actividades productivas estratégicas.
La Ley de Glaciares vigente (Ley N.º 26.639), sancionada hace 15 años, es considerada pionera a nivel regional y mundial. Establece como objetivo central la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, crea el inventario nacional y prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, en especial las vinculadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos.
“Si además se elimina la protección de la ley vigente y se emprenden explotaciones mineras sobre estos reservorios de agua, el daño será irreversible”.
Argentina posee uno de los patrimonios glaciares más extensos del planeta, con casi 17.000 cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Sin embargo, estas reservas son altamente vulnerables: en la última década, la superficie glaciar del país se redujo cerca de un 17%.
Ese retroceso se inscribe en una tendencia global. Un estudio de la revista científica Nature reveló que entre 2000 y 2023 los glaciares del mundo perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año, como consecuencia directa del cambio climático asociado a la quema de combustibles fósiles.
En este escenario, distintas organizaciones de la sociedad civil como FARN, Greenpeace, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima reiteraron su rechazo a la reforma y reclamaron que no se avance con modificaciones que debiliten la norma actual. “Debilitarla no generará desarrollo sostenible, sino mayor vulnerabilidad climática, pérdida de agua, impactos sociales y costos económicos crecientes”, advirtieron.
La semana próxima, el Congreso tratará en sesiones extraordinarias el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. Para los especialistas, no se trata de una discusión técnica menor, sino de una decisión de fondo sobre el modelo de país: proteger un recurso estratégico vital para las generaciones presentes y futuras, o abrir la puerta a un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
En conclusion, la reforma de la Ley de Glaciares es un tema de gran relevancia en Argentina, ya que implica en delicado equilibrio entre la protección del medio ambiente y el impulso a la economía. La discusión en el Congreso y la respuesta de la sociedad civil serán cruciales para determinar el futuro de esta legislación y su impacto en los recursos hídricos del país.
Fuente: DataClave, FARN (Fundacion Ambiente y Recursos Naturales)