En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar sin precedentes contra Venezuela, culminando con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Donald Trump confirmó mediante su red social Truth que Maduro fue “capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, calificando posteriormente al New York Times la operación como “brillante”.
Sin embargo, más allá de la narrativa triunfalista que domina los medios estadounidenses, esta acción constituye una violación flagrante del derecho internacional que establece peligrosos precedentes para el sistema global de relaciones entre naciones.
El bombardeo de instalaciones militares en Caracas, incluyendo Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, marca el primer ataque terrestre directo de Estados Unidos contra Venezuela y expone la fragilidad de principios fundamentales como la soberanía nacional y la inmunidad de jefes de Estado.
1. El patrón Noriega: Criminalización como justificación para el intervencionismo
La comparación con la invasión de Panamá en 1989 no es casual ni exagerada. Ambas operaciones comparten una estructura idéntica: criminalizar al líder mediante acusaciones de narcotráfico para legitimar ante la opinión pública una intervención militar que, de otro modo, sería reconocida como lo que realmente es: una invasión armada contra un Estado soberano.
El Departamento de Justicia acusa a Maduro de liderar el “Cartel de los Soles”, conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo y vínculos con las FARC. La recompensa de 50 millones de dólares establecida en agosto de 2025 preparó el terreno narrativo para lo que seguiría. Exactamente como ocurrió con Manuel Noriega, quien paradójicamente había sido aliado de la CIA antes de convertirse en objetivo militar.
Este patrón revela una constante histórica de intervencionismo estadounidense en América Latina que se extiende más de un siglo:
Guatemala, 1954: Derrocamiento de Jacobo Árbenz para proteger los intereses de United Fruit Company. El gobierno electo democráticamente fue eliminado mediante un golpe orquestado por la CIA porque implementó reformas agrarias que afectaban corporaciones estadounidenses.
Chile, 1973: Apoyo estadounidense al golpe militar contra Salvador Allende. Documentos desclasificados confirman que la administración Nixon destinó millones de dólares para desestabilizar el gobierno legítimo chileno, culminando en el bombardeo del Palacio de La Moneda y décadas de dictadura militar.
Granada, 1983: Invasión militar directa bajo Ronald Reagan. Estados Unidos desplegó más de 7,000 efectivos para invadir una isla del Caribe de apenas 110,000 habitantes, violando abiertamente la soberanía nacional bajo pretextos de “proteger ciudadanos estadounidenses”.
Panamá, 1989: Invasión para capturar a Noriega. La “Operación Causa Justa” dejó entre 500 y 3,000 civiles panameños muertos según diversas estimaciones, pero fue presentada como una operación antinarcóticos.
La actual operación contra Venezuela representa la continuación de esta “Doctrina Monroe” del siglo XXI, mediante la cual Washington mantiene su autoproclamada prerrogativa de intervenir militarmente en lo que considera su “patio trasero”, independientemente del derecho internacional o la voluntad de las naciones afectadas.
Los objetivos intactos: La selectividad reveladora del ataque
Un cable de última hora de la agencia TASS revela un detalle que expone la verdadera naturaleza y los objetivos reales de la operación militar estadounidense. Según fuentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmadas a Reuters, las instalaciones petroleras de la compañía estatal no resultaron dañadas por los ataques aéreos. La dirección de PDVSA asegura que la producción y el procesamiento de petróleo continúan con normalidad, aunque el puerto de La Guaira en la costa del Caribe sufrió graves daños.
Esta selectividad en los objetivos bombardeados no es accidental sino altamente reveladora de los verdaderos intereses estadounidenses en Venezuela. Si el propósito declarado fuera exclusivamente combatir el narcotráfico y desmantelar estructuras criminales, resulta contradictorio que la infraestructura petrolera, fuente principal de financiamiento del Estado venezolano y supuestamente del esquema criminal que se pretende destruir, permanezca completamente intacta.
La explicación más plausible es que Washington tiene interés estratégico en preservar la capacidad productiva petrolera venezolana para un eventual gobierno post-Maduro alineado con sus intereses. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de trescientos mil millones de barriles. Destruir esta infraestructura sería contraproducente para los objetivos geopolíticos y económicos estadounidenses a largo plazo.
Esta selectividad quirúrgica también refuta la narrativa de que se trató de una operación antinarcóticos. Los ataques se concentraron exclusivamente en objetivos militares estratégicos, Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota, diseñados para incapacitar la capacidad de respuesta militar venezolana y facilitar la extracción de Maduro. El puerto de La Guaira fue dañado presumiblemente para impedir rutas de escape marítimas o llegada de refuerzos. Ninguno de estos objetivos corresponde con instalaciones vinculadas al narcotráfico según las propias acusaciones estadounidenses.
La preservación deliberada de las instalaciones petroleras mientras se bombardean objetivos militares y de infraestructura portuaria revela que el verdadero propósito no era desmantelar redes criminales sino ejecutar un cambio de régimen mediante fuerza militar, asegurando simultáneamente que los activos económicos estratégicos permanezcan disponibles para explotación futura bajo un gobierno más favorable a los intereses de Washington.
2. La guerra de narrativas: Una fractura informativa global sin precedentes
La reacción mediática internacional ha expuesto una división planetaria que revela cómo diferentes sociedades procesan el mismo evento desde realidades completamente opuestas.
Los medios estadounidenses concentran su cobertura exclusivamente en los cargos criminales contra Maduro, presentando la operación como una acción legítima de “aplicación de la ley” contra un narcotraficante. Esta narrativa deliberadamente omite el contexto fundamental: se realizó mediante bombardeos contra instalaciones militares de un país soberano, sin declaración de guerra, sin autorización del Congreso estadounidense y sin ninguna base legal en el derecho internacional.
Por el contrario, medios en Europa, Asia, América Latina y África se enfocan precisamente en lo que los medios estadounidenses ignoran: el procedimiento. El ataque militar no autorizado contra un Estado miembro de las Naciones Unidas, la captura violenta de un jefe de Estado en ejercicio y su extracción forzada del territorio nacional constituyen violaciones múltiples y simultáneas de principios fundamentales del derecho internacional.
Esta fractura informativa es considerada por analistas independientes como la más profunda desde la invasión de Irak en 2003, cuando la supuesta existencia de “armas de destrucción masiva” sirvió para justificar una guerra que posteriormente se demostró estaba fundamentada en información falsificada. La historia se repite: primero se construye la narrativa criminal, luego se ejecuta la intervención militar, finalmente se minimiza o ignora la violación del derecho internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU permanece completamente paralizado, exponiendo la disfuncionalidad estructural de este órgano. Estados Unidos justifica su acción bajo el argumento de “jurisdicción penal internacional”, mientras que Rusia y China han presentado un proyecto de resolución que condena la operación como violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. El sistema de vetos convierte al Consejo en un espectador impotente mientras uno de sus miembros permanentes viola abiertamente los principios que supuestamente está encargado de defender.
3. El mensaje a Beijing y Teherán: Venezuela como advertencia global
Para las potencias que desafían la hegemonía estadounidense, el secuestro de Maduro no es un evento lejano sino una amenaza directa que trasciende las fronteras latinoamericanas.
La sincronización temporal es reveladora: apenas un día antes del ataque, un enviado especial de Xi Jinping se encontraba en Caracas reforzando acuerdos energéticos estratégicos. El mensaje implícito de Washington es inequívoco: ni siquiera la presencia de representantes diplomáticos chinos constituye un factor disuasorio para la acción militar estadounidense. China no tardó en calificar la intervención como acto de “matonismo geopolítico”, mientras medios estatales como el Global Times advierten que Estados Unidos ha cruzado una “línea roja” que pone en peligro a cualquier líder que no se alinee con los intereses de Washington.
Para Beijing, la operación contra Venezuela establece un precedente alarmante: si Estados Unidos puede bombardear un país e extraer a su líder bajo acusaciones criminales, ¿Qué impide que el mismo procedimiento se aplique eventualmente contra funcionarios chinos bajo el pretexto de “derechos humanos” en Xinjiang o “agresión” respecto a Taiwán? La respuesta, según el análisis chino, es absolutamente nada.
La respuesta de Irán ha sido aún más combativa e ideológicamente cargada. Teherán percibe el ataque como reflejo de las amenazas que enfrenta y como extensión de la política de “máxima presión” implementada contra la República Islámica. Esta postura no se limita a retórica: la marina iraní incrementó el estado de alerta en el Golfo Pérsico como señal concreta de solidaridad. El Líder Supremo de Irán calificó a Maduro de forma que subraya la gravedad con que perciben el evento: un “mártir viviente de la resistencia contra el Gran Satán”.
Esta reacción iraní revela cómo la operación contra Venezuela refuerza narrativas antiestadounidenses globalmente, proporcionando material propagandístico invaluable para gobiernos y movimientos que se oponen a la hegemonía de Washington. Paradójicamente, una operación diseñada para demostrar poder estadounidense puede fortalecer la coalición de Estados que buscan alternativas al orden unipolar.
4. La Captura de Cilia Flores: Ruptura de códigos diplomáticos centenarios
Un elemento que distingue esta operación de precedentes históricos es la detención específica de Cilia Flores, primera dama de Venezuela. Este detalle, frecuentemente minimizado en la cobertura mediática estadounidense, constituye una escalada significativa que rompe códigos diplomáticos no escritos que han regulado conflictos entre Estados durante siglos.
Históricamente, incluso en contextos de guerra abierta, las familias de jefes de Estado han sido consideradas objetivos ilegítimos. Esta norma no codificada forma parte del entendimiento mutuo entre naciones sobre límites que no deben cruzarse, incluso en confrontaciones extremas. La captura de un familiar directo del jefe de Estado trasciende la dimensión política para convertirse en táctica de presión psicológica que personaliza el conflicto de manera sin precedentes.
La decisión de capturar simultáneamente a la primera dama sugiere múltiples motivaciones estratégicas:
Presión psicológica extrema: Convertir la confrontación en algo profundamente personal, aumentando la disposición del objetivo a cooperar mediante la amenaza implícita sobre el bienestar de su cónyuge.
Eliminación de figuras políticas complementarias: Cilia Flores no es meramente esposa del presidente sino actriz política con influencia propia en el aparato gubernamental venezolano. Su captura simultánea decapita el liderazgo de forma más completa.
Demostración de alcance ilimitado: El mensaje es que Washington no reconoce ningún límite, ninguna inmunidad, ninguna protección para quienes considera objetivos legítimos. Si la primera dama puede ser capturada, entonces literalmente cualquier persona vinculada al gobierno objetivo está en riesgo.
Esta ruptura de códigos eleva el conflicto a nivel mucho más impredecible y peligroso. Establece precedente de que, en confrontaciones futuras, ninguna norma diplomática tradicional será respetada si Estados Unidos determina que sus intereses lo justifican. ¿Qué impide entonces que otros Estados adopten la misma lógica contra familiares de líderes estadounidenses o sus aliados? La respuesta probable de Washington sería que tal acción constituiría terrorismo o crimen internacional, revelando la doble moral que fundamenta su política exterior: lo que Estados Unidos hace es “aplicación de la ley”; lo mismo hecho por otros es “terrorismo”.
5. La Advertencia de la ONU: El colapso del orden basado en reglas
Mientras el Consejo de Seguridad permanece bloqueado institucionalmente por el sistema de vetos que protege a los miembros permanentes de consecuencias por sus propias acciones, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha emitido un comunicado de franqueza y gravedad inusuales para el normalmente cauteloso jefe de la organización.
Guterres expresó su “alarma extrema” ante los acontecimientos, recordando a la comunidad internacional que la inmunidad de los jefes de Estado es pilar fundamental del derecho internacional, no una cortesía diplomática opcional. Esta inmunidad existe precisamente para prevenir que Estados poderosos puedan simplemente secuestrar líderes de naciones más débiles bajo cualquier pretexto conveniente.
Su advertencia sobre las consecuencias de romper este principio fue directa y sombría: hacerlo “sumiría al mundo en la ley de la selva”. Esta declaración no es hiperbólica sino descripción precisa de lo que ocurre cuando el derecho internacional deja de ser vinculante para las potencias que tienen capacidad militar para ignorarlo impunemente.
El concepto de “orden basado en reglas” que Estados Unidos proclama defender queda expuesto como selectivamente aplicable: reglas que todos deben seguir, excepto Washington cuando determina que sus intereses justifican la excepción. Esta hipocresía fundamental no pasa desapercibida para el resto del mundo.
Si la soberanía nacional puede ser violada mediante bombardeos, si jefes de Estado pueden ser capturados y extraídos de sus países bajo acusaciones criminales, si la inmunidad diplomática es meramente opcional según los intereses de Estados poderosos, entonces efectivamente vivimos en la “ley de la selva” donde solo la fuerza militar determina qué es permisible.
Múltiples juristas internacionales han señalado que la operación contra Venezuela viola al menos los siguientes principios fundamentales del derecho internacional:
Prohibición del uso de la fuerza: La Carta de la ONU prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de estas excepciones aplica aquí.
Soberanía nacional: El principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados es norma fundamental del derecho internacional desde la Paz de Westfalia en 1648.
Inmunidad de jefes de Estado: El derecho internacional consuetudinario reconoce que jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad absoluta de jurisdicción penal extranjera durante su mandato. Las únicas excepciones reconocidas son procesos ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, no capturas militares unilaterales.
Crímenes de agresión: Irónicamente, mientras Estados Unidos acusa a Maduro de crímenes internacionales, la propia operación podría constituir el crimen de agresión según el Estatuto de Roma, definido como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado”.
La paradoja es completa: una operación presentada como “aplicación de la ley” constituye en sí misma múltiples violaciones graves del derecho internacional. Esta contradicción no es accidental sino revelación de la naturaleza real del sistema internacional contemporáneo: el derecho internacional vincula a Estados débiles, mientras que Estados suficientemente poderosos operan efectivamente fuera de sus restricciones.
Conclusión: El peligroso precedente de la fuerza sobre el derecho
El secuestro de Nicolás Maduro trasciende ampliamente la caída de un líder individual o incluso las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Representa un punto de inflexión que cuestiona los cimientos mismos del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
El precedente establecido es inequívoco y alarmante: cualquier nación con capacidad militar suficiente puede bombardear otro Estado, capturar a su líder bajo acusaciones criminales y extraerlo del país, todo mientras proclama estar “aplicando la ley”. Si este precedente se normaliza, el sistema internacional regresa efectivamente a la era anterior a 1945, cuando la fuerza militar determinaba el derecho y las potencias imperiales intervenían a voluntad en naciones más débiles.
Las reacciones internacionales divididas exponen la fractura fundamental del sistema global: un bloque liderado por Estados Unidos y sus aliados más cercanos que acepta o celebra la operación como legítima acción antinarcóticos, versus el resto del mundo que la percibe como violación flagrante del derecho internacional y precedente peligroso. Esta división no es meramente ideológica sino reflejo de intereses geopolíticos: Estados que se alinean con Washington aceptan su prerrogativa de intervenir militarmente; Estados que mantienen independencia política reconocen que podrían ser los siguientes objetivos.
Cuba e Irán condenaron el ataque calificándolo como violación al derecho internacional, mientras que el presidente argentino Javier Milei celebró públicamente la captura de Maduro. Esta división refleja la fragmentación más amplia del orden global entre el bloque occidental y potencias que buscan alternativas multipolares.
Para América Latina específicamente, la operación confirma que las advertencias históricas sobre intervencionismo estadounidense no eran exageraciones sino descripciones precisas de una constante geopolítica. Cada país de la región debe ahora preguntarse: si la soberanía venezolana pudo ser violada de esta manera tan flagrante, ¿qué protege al resto? La respuesta honesta es: solo la alineación con Washington o la capacidad militar suficiente para hacer la intervención demasiado costosa.
La pregunta que resuena en las cancillerías de todo el mundo no tiene respuesta tranquilizadora: si la soberanía nacional puede ser violada mediante bombardeos y la captura de jefes de Estado se normaliza como táctica aceptable, ¿quién será el próximo? En un sistema donde el poder militar sustituye al derecho internacional, todos los Estados sin capacidad de disuasión nuclear o militar significativa son potencialmente vulnerables.
António Guterres tiene razón: hemos entrado en la “ley de la selva”. La pregunta ahora es si la comunidad internacional tiene voluntad política para revertir este precedente o si asistimos al colapso definitivo del orden internacional basado en normas, sustituido por un sistema donde solo la fuerza militar determina qué es permisible. La historia sugiere que, una vez establecidos, estos precedentes tienden a expandirse, no a contraerse. La operación contra Venezuela puede ser recordada como el momento en que el derecho internacional cedió definitivamente ante la realpolitik del poder militar, con consecuencias impredecibles pero casi ciertamente desestabilizadoras para el sistema global.
La comunidad internacional enfrenta una decisión histórica: normalizar estos métodos mediante el silencio o reafirmar los principios del derecho internacional que han impedido, aunque imperfectamente, el retorno a eras de intervención militar ilimitada. El futuro del orden global depende de qué opción prevalezca.