En una carta pública titulada “Análisis de una modernización prepotente”, el Director Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Dr. Ariel Pereda, expresó un enérgico rechazo al reciente decreto presidencial que reestructura profundamente el organismo. A su juicio, lejos de representar un proceso de modernización, la reforma constituye una “transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta”.
Pereda advierte que el decreto no elimina formalmente al INTA, pero sí lo “modifica en su esencia”, destruyendo los principios de autonomía, federalismo, participación y mérito que lo caracterizan desde hace más de siete décadas. En lugar de una institución pública plural y descentralizada, el nuevo esquema convertiría al INTA en un organismo “dependiente, verticalista y con riesgo de transformarse en autocrático”, bajo el control casi exclusivo del Poder Ejecutivo.
Una reforma que debilita la democracia institucional
Entre los puntos más preocupantes, el director señala que la reforma elimina el poder de decisión de representantes territoriales, académicos y productores dentro del Consejo Directivo, otorgando mayoría automática al gobierno de turno. A su vez, concentra la conducción en una figura con rango de secretario, con facultades plenas.
“La nueva versión del INTA queda bajo el mando directo del gobierno, y eso implica que sólo se promoverán líneas de trabajo rentables o con apoyo de lobbies privados. Las economías regionales, los pequeños productores y los saberes locales quedarán fuera del radar”, advierte Pereda.
“Una modernización que no escucha”
El funcionario también denuncia el uso de cifras manipuladas o directamente falsas para justificar el decreto. Asegura que se han tergiversado datos como el número de cargos jerárquicos, la cantidad de hectáreas en uso, y la supuesta falta de planificación estratégica. “Decir que el INTA perdió el rumbo es ofensivo e injusto. Es desconocer el trabajo cotidiano y austero de miles de técnicos, extensionistas e investigadores”, sostiene.
Pereda lamenta además que el proceso no haya sido fruto del diálogo: “Desde diciembre de 2023 hemos pedido reuniones, presentado propuestas, mostrado evidencia. La respuesta del gobierno ha sido el silencio y la imposición. Ha sido un monólogo autoritario, no un debate democrático.”
Desmantelamiento territorial y concentración en Buenos Aires
Otro de los aspectos más críticos del decreto es el posible cierre de casi 300 agencias de extensión rural en todo el país, junto con la eliminación de los Centros Regionales y los Consejos Locales. Según Pereda, esto significará la desaparición de redes de trabajo construidas durante décadas con municipios, productores y organizaciones locales.
“Lo que va a quedar es un INTA centralizado en Buenos Aires, con foco en la pampa húmeda. El resto del país pierde representación, desarrollo y futuro”, sentencia.
Además, alerta sobre la creciente injerencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que —según sus palabras— genera sospechas legítimas sobre si este proceso responde a fines científicos o a otros intereses.
“No se trata de privilegios, sino de defender lo público”
Finalmente, Pereda afirma que el verdadero objetivo de esta intervención no es modernizar sino arrasar con una institución clave para el desarrollo de un sector agrobioindustrial más justo y sustentable.
“Modernizar no puede ser sinónimo de arrasar. Y gobernar no puede ser sinónimo de imponer”, concluye el director del INTA, reafirmando su compromiso con un modelo de gestión público, federal, participativo y orientado al bien común.