Exministros y exsecretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuestionaron con dureza el proceso de “modernización” y ajuste que el gobierno de Javier Milei planea llevar adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En una carta pública, advirtieron que la iniciativa oficial no apunta a una reorganización del organismo, sino que habilita la venta de cerca de 40.000 hectáreas de campos pertenecientes al instituto y la creación de “un negociado inmobiliario”.
El documento lleva la firma de Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yahuar, Luis Basterra y Juan José Bahillo, quienes ocuparon cargos en distintas gestiones nacionales. La comunicación se conoció luego de que autoridades del Gobierno mantuvieran una reunión con las entidades de la Mesa de Enlace —que integran el Consejo Directivo del INTA— para explicar el nuevo intento de avanzar con cambios estructurales en el organismo.
Según los firmantes, la iniciativa oficial resurge tras el “revés legislativo y judicial” que sufrió el decreto presidencial que buscaba modificar el funcionamiento del INTA. En ese contexto, sostienen que el Ejecutivo intenta ahora avanzar por una vía alternativa, presionando al Consejo Directivo, un ámbito que no logró disolver.
Los exfuncionarios alertan que la propuesta implica “un giro de 180 grados” respecto de la misión histórica del instituto, próximo a cumplir 70 años. Denuncian que se busca orientar la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica hacia actores privados con capacidad de cofinanciar proyectos, pero utilizando recursos públicos. “Un INTA para pocos pero financiado con el aporte de todos”, sintetiza el texto.
Además, la carta detalla posibles consecuencias del plan: una fuerte reducción de personal mediante retiros voluntarios, la pérdida de capital humano formado con fondos públicos, el cierre de programas vinculados a economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena, la clausura de estaciones experimentales y la baja de numerosos proyectos de investigación en marcha.
También advierten sobre el impacto a largo plazo. “Como país veremos que van a ser dados de baja proyectos de especial interés para las generaciones futuras”, señalan, y mencionan líneas de investigación estratégicas como mitigación del cambio climático, deforestación y cuidado de los recursos naturales.
En el tramo final, los firmantes llaman a los representantes del sector agropecuario y de la academia que integran el Consejo Directivo del INTA a “sostener sus convicciones”, respetar la voluntad del Congreso y el rechazo judicial previo a este tipo de medidas. “No se trata de una modernización, sino de un negociado inmobiliario de un bien público que costó más de medio siglo construir”, remarcan.
La carta concluye con una definición política contundente: aseguran que no permanecerán pasivos ante el intento de desmantelar el organismo y anticipan que acompañarán a productores, trabajadores y a todos los sectores que se movilicen en defensa del INTA.