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En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada.
Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar.
Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad.
Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones.
Bloqueos a Venezuela
En un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables.
Es importante señalar que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado.
Grupo Lima
El Grupo de Lima (abreviado en ocasiones como GL), es una instancia multilateral que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en la capital homónima, donde se reunieron representantes de 14 países con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la liberación de los presos políticos, pide elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano. Recientemente Bolivia ingresó a este grupo.
Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración:
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.
Siendo avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica que asistieron al encuentro, así mismo organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, además de la oposición venezolana, han dado su respaldo a dicho documento.
En febrero de 2019 se incorporó a Venezuela, más precisamente al gobierno interino de Juan Guaidó.
Declaración de Lima
En dicha reunión la instancia suscribió un documento en el que declara:
- Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
- Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
- Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa.
- Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
- Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
- Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
- Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
- Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
- Su apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
- Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
- Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
- Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
- Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
- Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.