El Programa Cambio Rural es una herramienta de extensión rural y periurbana financiada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca desde hace 30 años ininterrumpidos, y es co-ejecutada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que cuenta con una vasta presencia territorial en todo el país. Trabajadoras y trabajadores denunciaron el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a dicho programa.
En total 50 técnicos del INTA que forman parte del programa “Cambio Rural” recibieron la notificación de que no les renovarían a partir de octubre el contrato y que el programa que se creó hace más de 30 años será eliminado.
Otro golpe para las economías regionales en formación, y a la agrigultura familiar, luego del cierre en diciembre del año pasado del El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e indígena (INAFCI) que era la única política pública vigente en Argentina dedicada a profesionalizar y desarrollar al sector que produce hoy gran porcentaje de los alimentos que se encuentran en las góndolas y mesas de los argentinos.
En Bahía Blanca, varios grupos son acompañados desde sus inicios por ingenieros del programa, también participaron de encuentros realizados en la localidad de Cabildo, con los emprendimientos turísticos, que ya están en actividad, y funcionando.
El Programa Cambio Rural enfrenta su fin, y con él se desvanecen las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas agropecuarias de Argentina, que perderán el acceso a una política pública que lleva 30 años de trayectoria. Nacido en un contexto político y económico similar al actual, Cambio Rural ha sido un pilar para contener, apoyar y fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que apostaron por la innovación y la asociación, siempre con su acompañamiento.
Financiado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y coejecutado junto al INTA, el programa ha demostrado ser una herramienta eficaz y eficiente. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a su desmantelamiento, resultado de la decisión del gobierno nacional de prescindir de los profesionales que trabajan en el territorio. El proceso comenzó en febrero con un recorte de financiamiento y recursos concretos (15 camionetas), momento en el que atendíamos 7500 productores, planificando y promoviendo la innovación tecnológica, y ahora continúa con el despido de 54 profesionales con roles operativos específicos.
El pasado 1 de octubre, recibimos una notificación desde una casilla de correo inventada () y sin firma, informándonos que nuestros contratos no serían renovados, prometiendo la entrega de las certificaciones correspondientes. Consideramos esto una falta de respeto y una actitud inaceptable. No tuvimos contacto con la persona responsable de esta decisión, Inés Liendo, quien parece desconocer las responsabilidades y el legado de la Secretaría.