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El gobierno nacional ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 895/24, que marca un paso significativo en la privatización de las hidroeléctricas Alicura, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en los ríos de Neuquén y Río Negro. Este movimiento ha generado preocupación entre los gobiernos provinciales, que reclaman mayor control sobre estos recursos naturales.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio, es el responsable de los planes de “concesión, liquidación, cierre, privatización o venta total o parcial” de las empresas del Estado, es un organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo
La medida establece que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio, será la encargada de gestionar la venta del paquete accionario de estas empresas. Este decreto permite a los propietarios actuales, ARSA y Nucleoeléctrica, transferir la energía para su venta, lo que plantea un cambio significativo en la administración de las hidroeléctricas.
El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, comentó en diálogo con Noticias 7 que este decreto no modifica sustancialmente la estrategia provincial respecto a la gestión de las represas. Aclaró que, aunque se incorporó la nueva agencia al proceso, los plazos y condiciones para la privatización permanecen sin cambios.
Etcheverry enfatizó que han estado en contacto con el Secretario de Energía de la Nación para coordinar esfuerzos y discutir los avances en la privatización. “No hay cambios en la postura de Neuquén o Río Negro”, afirmó, sugiriendo que la colaboración continuará a pesar de la nueva estructura organizativa.
Los gobiernos de ambas provincias han manifestado su preocupación por la falta de poder de gestión sobre estas hidroeléctricas, que consideran recursos naturales propios. Durante años, han reclamado una mayor participación en la administración de estas instalaciones, argumentando que generan ingresos significativos para el país.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de discutir el uso del agua y el canon que recibirán las provincias por la explotación de estos recursos. Neuquén mantiene su posición firme sobre la necesidad de establecer un acuerdo que respete sus reclamos, buscando evitar futuros conflictos.
En cuanto a las empresas concesionarias, Etcheverry indicó que han expresado su interés en continuar operando bajo las nuevas concesiones, aunque todas enfrentan reclamos por remuneraciones en defecto de parte de Cammesa y el gobierno nacional. Este aspecto resalta las tensiones existentes entre las provincias y el gobierno central en torno a la gestión de recursos energéticos.
Agencia de Transformación de Empresas Públicas
Así fue establecido a través del decreto 764/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con el que el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que se encargará de “los planes de acción y presupuesto” y de “la modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires” de las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta.
Entre otros objetivos del organismo se encuentran “proponer y asistir” en los proyectos vinculados a “la concesión, intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, escisión, disolución, transformación, reestructuración, reorganización, venta total o parcial de paquete accionario, y/o disposición estratégica, incluyendo cualquier tipo de figura asociativa”, ya sea con entidades del ámbito público o privado, nacionales o extranjeras, o de las empresas y sociedades del Estado.
“Participar en la elaboración y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y demás documentación contractual necesarios para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y en la aprobación de los términos de los pliegos de disposición estratégica de las Empresas y Sociedades del Estado”, es otro de los objetos de la Agencia de Transformación.
En ese sentido, tendrá la capacidad de “intervenir, en forma previa a su selección, en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de intervención, liquidación, cierre, privatización, venta total o parcial de paquete accionario, iniciativa privada, fusión, escisión, disolución, transformación y disposición estratégica de las participaciones y/o de los activos” de empresas y sociedades estatales.