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Hace más de 30 años el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dio inicio el programa integrado de “Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta)”, una política pública que brinda asistencia para generar huertas familiares con el objetivo de dar soberanía alimentaria siendo una rueda de auxilio para cada hogar, y que en esta pandemia también fue protagonista.
Las huertas familiares como parte de la alimentación
Un informe del INTA detalla en la actualidad más de 4.000.000 de personas son beneficiarias, esto es posible a la coordinación de una red de 9.192 promotores voluntarios a lo largo del país (67 % son mujeres), más de 3.000 organizaciones e instituciones que son generadores de 744 ferias agroecológicas donde agregan valor a sus productos, existen 637.847 huertas y el 97 % son huertas familiares.
Para Susana Mirassou, presidenta del INTA, el ProHuerta es la nave insignia del INTA que busca “mostrar cómo se pueden hacer las cosas bien, complementando esfuerzos y poner en el centro de la escena a las organizaciones barriales y rurales”.
El programa tiene un rol educativo, la capacidad de potenciar vocaciones sobre la siembra y la cosecha de frutas y verduras para acceder a los alimentos. “Las 3000 organizaciones e instituciones que trabajan junto con promotoras y promotores barriales que llevan el trabajo del ProHuerta a los rincones más recónditos del país”, dijo la Presidenta del INTA.
“El INTA acompaña técnicamente, pero los verdaderos protagonistas son las organizaciones e instituciones que se comprometen con la comunidad y hoy, en este contexto de pandemia, adquieren una relevancia central”, afirmó Susana Mirassou
El trabajo del ProHuerta, además de la capacitación y abastecimiento de semillas para confeccionar las huertas familiares, tiene que ver con la comercialización de los excedentes, la producción agroecológica, el acceso al agua potable y el desarrollo de ferias y mercados populares de proximidad.
El programa se inició en el marco de la crisis de 1989, que produjo un colapso en el abastecimiento alimentario para los sectores más vulnerables de la población. Con esa situación, que persistía a comienzos del siguiente año, el INTA empezó a dar forma a un programa de huertas familiares.
Los rubros más perjudicados por la inflación fueron el transporte público los gastos de electricidad y gas y la construcción. Los alimentos se incrementaron en promedio 189 por ciento, y la carne aumentó un 156 por ciento. El récord se lo llevó la lechuga: su precio subió 889,9 por ciento. Los salarios se redujeron 19 por ciento según un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
El salario mínimo de entonces era de 4.000 australes, equivalente a 15,1 dólares, y en la primera semana de agosto solo alcanzaba a cubrir el 10 por ciento de la canasta familiar.
Para Daniel Díaz, coordinador del ProHuerta desde su creación hasta el 2006, lo armaron en tiempo récord, a pedido de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (en ese momento a cargo del hoy canciller Argentino Felipe Solá), con expectativas de acceder al financiamiento del Ministerio de Bienestar Social.
Según investigaciones del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires, sobre la evolución del consumo de alimentos en Argentina, “lo que se veía era que, en los sectores más vulnerables de la población, la baja del consumo de frutas y hortalizas era muy marcada, y que ello tenía consecuencias en la salud de las familias”, manifestó Díaz.
“Sus objetivos eran mejorar la condición alimentaria de familias en situación de pobreza, complementar la alimentación a través de la autoproducción de alimentos, promover una dieta más saludable, compuesta por alimentos más variados y de mejor calidad, mejorar el gasto familiar en alimentos e incrementar la participación y organización comunitaria“, expresó Díaz.
Desde la perspectiva ambiental, las huertas familiares mejoran las condiciones sanitarias del área, fortalece la biodiversidad con la producción de especies autóctonas o adaptadas a nivel local e integra técnicas ancestrales con técnicas agronómicas, a fin de facilitar a la población que produzca sus alimentos de manera eficiente, social, económica y sustentable, teniendo como eje principal la agroecología.
El ProHuerta trascendió las fronteras, por el interés que despertó por parte de organismos internacionales, a mediados de los 90 fue requerido para ir a Armenia, donde en dos años, se produjeron más de 1.000 huertas familiares y se tradujeron los materiales de capacitación al idioma de ese país. En 2001, Panamá pidió conformar un programa equivalente en ese país y luego sucedió lo mismo con Colombia y Bolivia.