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Con la vocación de continuar contribuyendo a elevar los niveles de protección y estándares internacionales en Derechos Humanos, el canciller Felipe Solá presentó hoy la candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2022-2024, acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y de la embajadora ante el organismo, María del Carmen Squeff.
“Tenemos una política de Estado y su piedra fundacional es nuestro propio proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Nos propusimos el Nunca Más, es decir, erradicar la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”, dijo Solá al participar de la videoconferencia de presentación. “Cuando hay justicia sobre el pasado, un pueblo empieza a creer en la posibilidad de una justicia sobre el presente y sobre el futuro”, aseguró.
Agregó que “a lo largo de las últimas décadas hemos podido impulsar numerosos instrumentos de protección de derechos humanos en el plano regional e internacional, logrando una base de consenso importante”, y destacó los logros de nuestro país en materia de Derecho a la Verdad, protección de las personas contra las desapariciones forzadas, uso de la genética forense para casos de violaciones a los derechos humanos, ampliación de derechos de distintos grupos en situación de vulnerabilidad y prevención del genocidio y otras atrocidades masivas.
Los Estados y la comunidad internacional
“La pandemia ha avanzado sobre el goce de todos los derechos, ya sean económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, golpeando mucho más a los más vulnerables. Se han profundizado los niveles de desigualdad de género, al tiempo que se ha incrementado el riesgo de violencia contra mujeres y niñas. Los Estados y la comunidad internacional tenemos la obligación impostergable de asegurar que la prevención y reparación de inequidades y de violencia de género sean parte central de los planes nacionales de respuesta al COVID-19”, afirmó en relación con los desafíos del escenario actual.
“La crisis provocada por el coronavirus, nos presenta el reto de garantizar que las vacunas y tratamientos disponibles sean aceptados y reconocidos como un bien mundial de salud pública y derechos humanos”, señaló.
Sobre la candidatura de la Argentina en particular, el ministro dijo: “Nuestra vocación es seguir contribuyendo a elevar los niveles de protección y estándares internacionales. Por eso aspiramos a renovar nuestro mandato en el Consejo de Derechos Humanos en las elecciones de octubre de este año. La Argentina se compromete a luchar por el fortalecimiento de los procedimientos especiales del Consejo y por el reaseguro que sus titulares puedan ejercer su labor de manera independiente”.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet
“Vamos a seguir apoyando firmemente a la Alta Comisionada Michelle Bachelet y su labor en el terreno, tanto en la supervisión de la situación de derechos humanos como en la creación de capacidades institucionales para que estas violaciones no ocurran, sea quien sea el país que viole los derechos humanos y cualquiera sea su ideología o su identidad política”, consideró Solá, quien subrayó también que “hay que evitar dos peligros: la polarización y la estigmatización que siempre están acechándonos y proponer en su lugar una mayor cooperación internacional”, subrayó.
En tanto, Pietragalla aseveró: “Somos muy respetuosos y escuchamos los aportes y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, y sabemos también que ellos se nutren de las políticas de derechos humanos que lleva adelante el Estado argentino. Los derechos humanos constituyen la columna vertebral de las políticas públicas que lleva adelante el Estado. Esta transversalidad nos permitió lograr avances únicos en la región, que nos han transformado en un ejemplo a nivel mundial”.
Una política de Estado transversal
La actividad contó con la participación de Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
En la actualidad, la promoción y protección de los derechos humanos constituye una política de Estado transversal a todas las políticas públicas, erigiéndose como uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina, orientada al fortalecimiento del derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación, la promoción de los valores universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y demás instrumentos internacionales para la promoción de todos los derechos humanos.
Cabe indicar que Argentina ha ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos y que en la reforma constitucional de 1994 se incorporaron con rango constitucional los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, es amplia la agenda de políticas públicas que el gobierno lleva adelante en relación con la temática.
