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El reciente decreto 6/2025, firmado por el presidente Javier Milei, ha generado controversia al disolver el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), encargado de financiar la expansión de servicios de telecomunicaciones en áreas desatendidas. Para profundizar en el tema, conversamos con Gustavo López, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y especialista en comunicación.
El Fondo Fiduciario de Servicio Universal y su propósito
López explica que un fondo fiduciario es una estructura jurídica destinada exclusivamente a los fines para los cuales fue creado. En este caso, el FFSU se financiaba con el 1% de la facturación neta de las empresas del sector de telecomunicaciones, con el objetivo de llevar internet y telefonía a zonas donde las empresas no llegaban por falta de rentabilidad, como pueblos pequeños, barrios populares y áreas de difícil acceso.
Impacto de la disolución del fondo
Según López, durante su gestión se implementaron 20 programas para conectar a más de 7.300.000 personas, aprobando 409 proyectos en colaboración con pymes, cooperativas locales y empresas públicas provinciales. Sin embargo, señala que desde la asunción del gobierno de Milei, las obras fueron paralizadas y los fondos acumulados permanecen sin utilizarse. La reciente decisión de eliminar el aporte del 1% implica que las empresas ya no están obligadas a contribuir, lo que podría dejar sin conectividad a las comunidades más vulnerables.
Obras inconclusas y futuro de la conectividad
López advierte que muchas obras iniciadas están en riesgo de quedar inconclusas si no se destinan los fondos necesarios para su finalización. Se mencionan casos como el de Catamarca, donde solo falta la instalación de cables, pero la falta de financiamiento impide su culminación. Esta situación podría derivar en acciones legales contra el Estado por incumplimiento de contratos.
El exfuncionario critica la visión del actual gobierno, señalando que considera la conectividad como un negocio y no como un derecho humano básico. Destaca que programas como el desarrollo del tercer satélite de ARSAT, destinados a brindar internet a zonas rurales, han sido suspendidos, afectando a más de un millón de personas. López enfatiza que esta postura condena a las comunidades menos rentables económicamente a permanecer desconectadas, profundizando la brecha digital y limitando su acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la banca.
Desmantelamiento del ENACOM y falta de control
Además de la disolución del FFSU, López denuncia el cierre de las delegaciones del ENACOM en todo el país, el despido de cientos de empleados y la paralización de programas como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Esta situación, según él, deja sin apoyo a los medios comunitarios y elimina los controles sobre las telecomunicaciones, permitiendo que las empresas operen sin regulación en aspectos como tarifas y calidad del servicio.
Beneficiarios de las medidas y privatización de ARSAT
López señala que las principales beneficiadas por estas medidas son las grandes empresas de telecomunicaciones, que dejan de aportar al fondo y pueden establecer precios sin restricciones. Expresa su preocupación por la posible privatización de ARSAT y la entrega de espectro para el desarrollo del 5G a empresas privadas, lo que, en su opinión, responde a una lógica de mercado que excluye a quienes no pueden pagar por estos servicios.
La eliminación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal y las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei representan un retroceso en la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La falta de inversión en conectividad para las zonas más vulnerables y el desmantelamiento de organismos de control podrían aumentar la brecha digital y afectar negativamente el desarrollo social y económico de vastos sectores de la población.
